En el año 2010, Octavio Romero, integrante de la Prefectura Naval Argentina, solicitó a su superior autorización (en aquel entonces, obligatoria) para contraer matrimonio con su pareja, Gabriel Gersbach. Los múltiples hostigamientos y amenazas que Octavio sufría por su orientación sexual en el ámbito laboral se intensificaron tras dicho pedido y culminaron con su desaparición, ocurrida el día 11 de junio. Una semana después, su cuerpo fue encontrado sin vida en aguas del Río de la Plata sujetas a la jurisdicción de la Prefectura. La investigación penal del hecho estuvo plagada de irregularidades, prejuicios y estereotipos, y no abordó con seriedad la hipótesis de un crimen de odio basado en la orientación sexual. Gabriel fue investigado sin imputación alguna, y durante años se le negó la participación como querellante en la causa. 

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Igualdad representamos a Gabriel en diversos procesos en búsqueda de verdad y justicia. Como parte de ese acompañamiento, en 2012 recurrimos junto a él a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de que se declarara la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de Octavio, y de las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, tanto de de Octavio como de Gabriel. Seis años después, la CIDH declaró la admisibilidad del caso, y en 2020 el gobierno ofreció iniciar un proceso de solución amistosa.

Tras meses de intercambios con diferentes organismos públicos, el día 7 de septiembre y en un hecho histórico se firmó el acuerdo con la presencia de Gabriel Gersbach, Celeste Fernández (ACIJ), Pedro Paradiso Sottile (Fundación Igualdad), Andrea Pochak (Estado Argentino) y Víctor Madrigal Borloz (Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de Naciones Unidas).

En dicho instrumento, el Estado reconoce su responsabilidad por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente a la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, comprometiéndose a brindar, de aquí en adelante, todo el apoyo que pueda requerir la fiscalía interviniente en la causa. Además, se obliga a adoptar una serie de medidas de reparación simbólica, tales como la producción de un documental sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad y la realización de un mural en memoria de Octavio. 

El Estado Nacional también asume el deber de impulsar acciones para evitar la reiteración de estos hechos, entre las cuales cabe destacar: el dictado, por parte del Ministerio de Seguridad, de un protocolo para canalizar denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual y/o identidad de género; el desarrollo de instancias de formación para cadetes y aspirantes que deseen ingresar a las fuerzas de seguridad federales, así como para docentes, instructores e instructoras; la difusión de un cuadernillo sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad; el fortalecimiento de los cuerpos de profesionales especializados y especializadas en garantizar el acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+ en situación de violencia; la confección de lineamientos generales para el abordaje de los crímenes de odio por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y la adaptación del protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres elaborado por el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de incluir en él la perspectiva de diversidad y las especificidades de la investigación de los crímenes basados en la orientación sexual, identidad de género, su expresión o característica sexual. El acuerdo completo está disponible acá. 

En lo sucesivo, el Estado argentino celebrará reuniones periódicas con ACIJ y la Fundación Igualdad para evaluar la ejecución del acuerdo, y presentará a la CIDH informes semestrales sobre su grado de cumplimiento y sobre los avances que se registren en  la causa judicial.  

A más de 11 años de la muerte de Octavio, seguimos sin saber qué pasó. Por eso, pese al avance que representa la suscripción de este acuerdo, continuamos exigiendo al sistema de justicia que garantice una investigación penal eficaz, transparente y con perspectiva de derechos humanos, género y diversidad que permita esclarecer lo sucedido y sancionar a sus responsables.